A finales del año pasado, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible una querella de Inmobiliaria Bavaria Limitada (representada por Christian Kast Rist, hermano del excandidato presidencial). En ésta, se acusa a Pablo Reyes Radrigán y Natalia Stephens Sotomayor (ambos fundadores de la startup Huargos) del delito de estafa.

Reyes es ingeniero industrial, cofundó INYS (empresa de business inteligence adquirida por Southern Cross) y trabajó 10 años en Banco Santander. Stephens, por su parte, es veterinaria experta en nutrición natural para mascotas de la DNM University y tiene más de 15 años de experiencia en cuidado de animales domésticos.

En el documento presentado por el abogado Juan Enrique Urrutia, éste declara: “Los imputados, mediante engaño, lograron convencer a la víctima de que les transfiera más de US$ 200 mil a una empresa que aparentaba ser solvente y con un crecimiento exponencial, siendo que en la realidad estaba al borde de la liquidación concursal y necesitaban dinero para pagar deudas”.

Hay otro nombre involucrado en este caso: Comercial Pet Food Limitada, de la cual Bavaria posee el 50%. Éstos les prestaban servicio de maquila a Huargos y mediante esta sociedad invirtieron US$ 200 mil vía SAFE (vehículo en el cual un inversionista puede invertir a cambio de futuras acciones de la compañía).

En resumen, los querellantes afirman que ​​Huargos SpA, una empresa fundada en 2018 que hacía alimentos naturales para mascotas, convenció a Bavaria de invertir dinero asegurando que estaban creciendo y que usarían los fondos para comprar productos y expandir el negocio. Pero en realidad, estipulan en el libelo, Huargos estaba en crisis financiera. El dinero, agregan, fue desviado, no se usó como se había prometido y fue “retirado paulatinamente por los imputados mediante sueldos millonarios que no existían al momento de realizar la inversión y que además eran ficticios, pues la mayoría no ejercía labores efectivas en la empresa”.

Las cifras del negocio de Huargos, adjuntadas en la querella, eran las siguientes: 560 clientes recurrentes mensuales, US$ 79,7 CAC (costo por adquisición de usuario) y  US$ 650 mil de facturación anual recurrente a diciembre de 2022.

En noviembre de 2022 fue el primer contacto entre Huargos y Pet-Food para maquilar. Cuatro meses después firmaron un contrato y un año después convencieron a Bavaria para invertir US$ 200 mil. Ya en enero de 2024 las deudas de Huargos eran altas, por lo que en octubre del año pasado solicitaron la liquidación voluntaria.

Tras transferir los US$ 200 mil, los querellantes acusan que Huargos los invitaron a invertir US$ 500 mil adicionales, “siempre ocultando la situación financiera por la que atravesaban”. Agregan que además empezaron a reclamar que Pet Food les estaba vendiendo muy caro. Ahí, describe el documento judicial, empezaron los problemas:

“El incumplimiento de pago de las facturas emitidas por Pet Food llegó a tal punto que esta última le dijo a los imputados que no entregarían más productos mientras no pagaran las facturas que tuvieran mas de 60 días de vencimiento”.

En la liquidación voluntaria ingresada el 10 de octubre, los abogados resumen la situación: Huargos SpA operaba mediante un sistema de suscripción de alimentos para mascotas, donde los clientes pagaban mensualmente por productos entregados de forma recurrente. Sin embargo, desde 2023, enfrentó una crisis económica agravada por la disminución de suscriptores postpandemia, altos costos operativos y la falta de crecimiento en ingresos. Esto generó problemas de flujo de caja que llevaron a la empresa a buscar sin éxito nuevos accionistas a finales de 2023 para solventar sus deudas y mantener sus operaciones.

En 2024, la situación se deterioró aún más cuando, en junio, Huargos no pudo pagar facturas a su principal proveedor (Pet-Food), lo que resultó en un quiebre de stock y la interrupción de entregas a sus clientes. Para septiembre, la empresa dejó de pagar sueldos a sus empleados y acumuló deudas por más de $ 220 millones, sin capacidad de refinanciamiento. Las negociaciones para captar inversión adicional fracasaron en octubre, dejando a la empresa sin opciones, lo que llevó a solicitar la liquidación concursal al considerar insostenible su continuidad operativa.